Extinción De Las Obligaciones La Resolución Judicial

Doctrina Sobre la Extinción De Las Obligaciones y La Resolución Judicial en República Dominicana.
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¿En qué caso existe extinción de una obligación? La obligación puede desaparecer aún cuando no haya sido cumplida en especie y aunque nos dio lugar a un cumplimiento por equivalente (daños y perjuicios) existe entonces extinción stricto sensu de la obligación.

  - La pérdida de la cosa debida citada por los redactores del código civil como una causa de extinción de las obligaciones, pone simplemente en juego las reglas de la responsabilidad civil.

Cuando una obligación contractual bajo mira a un término el extintivo, se extingue con la llegada del mismo.

- La rescisión y la revocación de un contrato lleva consigo igualmente extinción de las obligaciones creadas por ese contrato.

Existen causas de extinción particulares para las obligaciones nacidas de un contrato sinalagmático.

- Por ser interdependientes esas obligaciones, el cumplimiento de una de ellas puede tener, en efecto, un influjo sobre cumplimiento de la otra cuando cumplimiento se haya hecho imposible por efecto de la fuerza mayor, la otra parte está dispensada, en principio, de cumplir con sus obligaciones; es la teoría del riesgo cómputo. Cuando el incumplimiento de su obligación comprometa la responsabilidad de una de las partes, la otra parte una de negarse a cumplir la propia prestación; es la excepción non adimpleti contractus; o sea, demanda la resolución judicial del contrato.

Resolución judicial:

- La resolución judicial posee su remoto origen en la sanción de los contratos innominados, que fue reiterada y extendida a todos los contratos por los cronistas de la Edad Media, y luego por los juristas laicos, especialmente Du-Moulin. Los cronistas consideraban la resolución como una sanción que pesaba sobre el contratante que no había respetado promesas.                                                                                                                          

- La resolución judicial no puede explicarse ni por la intención presunta de las partes, ni por la idea de causa. Su verdadero fundamento encuentra en la reparación del perjuicio causado por el incumplimiento.

Ámbitos de la resolución judicial.

- El artículo 1184 del código civil reserva la resolución para los contratos sinalagmáticos. Se extiende el ámbito de la resolución a los contratos sinalagmáticos imperfectos e incluso a ciertos contratos reales unilaterales: contrato de venta perpetua y contrato de prenda. Por el contrario, ciertos contratos sinalagmáticos quedan fuera de la resolución.

- La partición con abono saldo, por razón de los intereses familiares en juego; el contrato de renta vitalicia, a causa su carácter aleatorio; la sesión de un oficio ministerial, porque el funcionario público es nombrado por el gobierno.

Carácter de la resolución judicial.

- La resolución es facultativa para el acreedor. El acreedor posee una opción; puede pedir, ya sea el cumplimiento en especie o en equivalente (daños y perjuicios), ya sea la resolución.

- La resolución es judicial y la misma es facultativa para los tribunales: estos están en libertad para pronunciar, en lugar de la resolución una condena al abono de daños y perjuicios; puede concederle también un plazo al deudor.

- La resolución puede ser completada por una condena al pago de daños y perjuicios, cuando aquellas resulten insuficientes para reparar el perjuicio. Los tribunales se arrogan incluso, a veces, el derecho de modificar el contrato.

Requisitos de la resolución judicial.

- Porque se trata de una acción de reparación de un perjuicio, es necesario que el cumplimiento comprometa  la responsabilidad del deudor; este requisito permite distinguir el ámbito de la resolución y el ámbito de la teoría del riesgo, en el cual el incumplimiento resulta de la fuerza mayor. La jurisprudencia se niega a exigir este requisito; por eso confunde la resolución y la aplicación de la teoría del riesgo.

Interesa poco que el incumplimiento será total o parcial, y que recaiga sobre una obligación principal o accesoria; resulta suficiente con que lleve consigo un perjuicio que los tribunales estimen lo bastante grave como para justificar la resolución.

El incumplimiento debe comprometer la responsabilidad del deudor.

- Este primer requisito se exigirá si se estima que la acción resolutoria judicial constituye una acción de responsabilidad: para que pueda triunfar acción resolutoria, es preciso que la responsabilidad contractual del deudor pueda ser tomado en cuenta. Por lo tanto, incumbirá al acreedor probar una imprudencia o negligencia del deudor si la obligación incumplida es una obligación de prudencia y diligencia (o de medios); y, se trata de una obligación determinada (o de resultado), es el deudor el que deberá aprobar la existencia de una causa ajena.

Efectos de la resolución judicial.

- La resolución hace que desaparezcan retroactivamente todas las obligaciones nacidas del contrato; de manera especial, desaparezcan los derechos reales que se hayan constituido sobre la cosa vendida.

- La resolución concede una situación privilegiada al acreedor, que no tendrá que sufrir el contrato de los restantes acreedores.

- La resolución de los contratos sucesivos deja subsistentes las obligaciones cumplidas regularmente por una y otra parte.

Retroactividad de la resolución.

- Mientras que la resolución le pone término para el porvenir a las obligaciones nacidas del contrato, la resolución posee un efecto mucho más completo: obra retroactivamente por reponer a los contratantes de la situación en que se encontraban antes del contrato. La obligaciones incumplidas se extinguen; aquellas cuyo cumplimiento se ha realizado, da lugar a repetición. Por llevar consigo retroactividad la resolución judicial, lo mismo que la condición resolutoria, se comprende el lugar de la resolución judicial del Código civil, en el párrafo: “de la condición resolutoria”. Hasta Esa retroactividad es la que les da la utilidad a la resolución. Gracias a ella, la resolución presenta una ventaja considerable para el acreedor; en caso de insolvencia del deudor, la otra parte tendrá la posibilidad no sólo de no cumplir, sino de recobrar su propia prestación si la ha cumplido, por el contrario, al reclamar el cumplimiento se encontraría en un concurso con lo demás acreedores de sus deudor. La resolución crea así una situación privilegiada al acreedor: no sufre por la insolvencia de su deudor.

Convención en materia de resolución.

- Las reglas establecidas por el código civil para la resolución de los contratos son puramente supletorias; la parte tienen derecho para excluirlas. Suelen prever las mismas, para evitar el someter la resolución o la apreciación soberana de los tribunales, algunas cláusulas resolutorias que llevan consigo la resolución de pleno derecho del contrato

La extinción de las obligaciones.

- Las causas de extinción “stricto sensu” de las obligaciones. El cumplimiento, del pago es el modo normal de la extinción de la obligación: esta desaparece con su cumplimiento; el acreedor deja de ser acreedor, por haber obtenido del deudor la prestación a la cual estaba este sujeto (cfr. supra, n. 716).

- La obligación puede extinguirse igualmente por el hecho de su incumplimiento; en efecto, a veces, el crédito originario es reemplazado por una nueva obligación: reparación del perjuicio causado por el incumplimiento, crédito por daños y perjuicios (cumplimiento por equivalente; cfr. supra, n. 376).

- Del estudio de la extinción de las obligaciones se excluirá el pago, igualmente, el incumplimiento que lleva consigo la responsabilidad del deudor. Uno y otro han sido examinados ya (cfr. supra, ns. 716 y sigtes.).

- Falta considerar entonces las causas de extinción propiamente dichas de la obligación. Sin haber sido cumplida la obligación desaparece, y sin ser reemplazada por un crédito de daños y perjuicios. Se trata pues, de casos en lo que el acreedor no puede pedir el cumplimiento en especie ni el cumplimiento por equivalente; cesa de ser acreedor, y el deudor se libera al margen de todo cumplimiento. Se está así al frente a accidente que sobrevienen en la vida de un obligación: desaparece esta sin haber logrado su fin normal: el cumplimiento.

- Pero al concretar las reglas de la responsabilidad civil, se ha indicado, por ello mismo, en que casos se libera de su obligación, sin quedar sujeto al abono de daños y perjuicios, el deudor que no cumple. Por lo tanto, se dejará de lado esa causa de extinción de las obligaciones: ausencia de culpa y fuerza mayor.

La enumeración del artículo 1234 del Código Civil.

- Los redactores del Código Civil francés quisieron enumerar en el artículo 1234, colocado a la cabeza del capítulo consagrado a la extinción de las obligaciones, los diferentes modos de extinción. Pero algunas de las situaciones consideradas no constituyen causas de extinción; así, la nulidad: la obligación nula no se extingue, puesto que jamás se ha formado.

La pérdida de la cosa debida.

- El artículo 1234 del Código Civil cita, entre las causas de la extinción de la obligación, “la pérdida de la cosa”, de la cual trata de los artículo 1302 y 1303.

- La pérdida de la cosa debida no libera al deudor cuando se trata de una cosa fungible genera non pereunt; el deudor no estaba obligado a entregar una cosa determinada; por lo tanto, importa poco que haya desaparecido aquella que el deudor contaba entregar al acreedor.

Por el contrario, cuando se trata de un cuerpo cierto, la desaparición de la cosa debida coloca al deudor en la imposibilidad de cumplir.

-      Así pues su obligación  de entrega se ha extinguido.

Pero, ¿ha sido reemplazada por una obligación de abonar daños y perjuicios? Para responder es suficiente con referirse a las reglas generales de la responsabilidad civil delictual o contractual, según que la obligación de entregar el cuerpo cierto haya nacido de un delito o cuasidelito (por ejemplo: obligación de restitución que pesa sobre el ladrón) o de un contrato (por ejemplo: obligación de restitución de un depositario de un prestario, etc.).

- Esas son las reglas se aplican el artículo 1302. La pérdida resultante de la culpa del deudor obliga a este a la reparación. La pérdida por caso fortuito lo libera sin embargo, la virtud liberatoria de la fuerza mayor cesa: cuando el deudor estaba en mora en el momento de la desaparición de la cosa, a menos que la cosa hubiera perecido incluso si hubiera sido entregada (acerca de la constitución en mora cfr. supra, n. 620, e infra, n. 1121); cuando la restitución sea debida por un ladrón: no puede liberarlo ninguna circunstancia; cuando la convención ha puesto los casos fortuitos a cargo del deudor.

- En los casos en que el deudor se haya liberado, el artículo 1303 puntualiza que, si puede repetir contra un tercero por razón de la pérdida de la cosa, debe ceder su acción al acreedor de la restitución.

La resolución es judicial; es facultativa para los tribunales.

- “La resolución debe demandarse judicialmente…” (Art. 1184 párr. 3º, del Cód. Civ.) La Intervención de los tribunales es necesaria. Este requisito se comprende fácilmente si se ve en la acción resolutoria una aplicación particulares de la acción de responsabilidad contractual.

- Los tribunales no verifican la resolución; la pronunciaron. Y es que la resolución es facultativa para los tribunales, que disponen del más amplio poder de apreciación los jueces no están sujetos nunca por la elección del acreedor; aún cuando éste reclame solamente la resolución. Pueden aquellos, a su juicio, ya sea conocer la resolución, ya sea rechazar la demanda resolutoria y pronuncia al en su lugar una condena al abono de daños y perjuicios (Civ. civ. 27 de de noviembre de 1950; cfr. infra,  Lecturas), ya sea concederle al deudor un plazo de gracias.

El término extintivo.

- La obligación contractual nace del acuerdo de las voluntades de los contratantes. Ese acuerdo puede limitar en el tiempo, por anticipado, la obligación que crea, prever su extinción dentro de un plazo determinado, un término extintivo. A la llegada del término, la obligación se extingue. Por ejemplo, los contratantes consientan un contrato de arrendamiento por una duración de nueve años, a la expiración de los cuales el arriendo se extinguirá sin ninguna retroactividad.

- Las obligaciones contraídas intuitu personae están afectadas por un término extintivo tácito, que es la muerte de la persona esa consideración de la cual se contrajo la obligación. Por ejemplo, la muerte de un socio de la sociedad de personas (Art. 1685, parr. 3º, del Cód. civ.).

Rescisión y revocación.

-      Aún cuando las partes no hayan previsto en el contrato, y por anticipado, la extensión de las obligaciones pueden efectuarlo más adelante. Por lo tanto, les es lícito ponerle fin a cumplimiento de un contrato de prestaciones sucesivas (rescisión), o asimismo suprimir una obligación que no había dado lugar a un a ningún cumplimiento (revocación)… La recesión y a la revocación amistosa,  puede haber, en algunos casos excepcionales, rescisión por voluntad unilateral, e incluso a veces rescisión impuesta por los tribunales o por la ley.

Modos de extinción especiales en los contratos sinalagmáticos.

  - En razón de la interdependencia de las obligaciones que surgen de un contrato sinalagmático, el cumplimiento de una obligación es susceptible de hacer que desaparezca la obligación correlativa.

 Son susceptibles de presentarse tres situaciones:

Primero. El deudor es responsable del incumplimiento de su obligación. El acreedor puede demandar entonces a los tribunales que supriman el contrato, que pronuncien su resolución… La resolución judicial lleva consigo la extinción de las dos obligaciones nacidas del contrato sinalagmático.

Segundo. El incumplimiento de la obligación de una de las partes es debido a un caso de fuerza mayor. En principio la obligación de la otra parte se extingue. Es la teoría de riesgo.

Tercero. Resulta posible que, sin ofrecer el cumplimiento de su propia obligación, uno de los contratantes reclame el cumplimiento de la obligación de la otra parte. Por la excepción “non adimpleti contractus”, o excepción de “toma y daca”, el contratantes al que se le pide el cumplimiento opondrá una negativa hasta el día en que lo otro contratante ofrezca cumplir. En esta situación no hay extinción de una obligación. Pero es necesario no separar el estudio de la resolución judicial y el de la teoría del riesgo del estudio de la excepción non adimpleti contractus

La opción del acreedor.

- Cuando un contratante no cumple con su obligación el acreedor puede exigir el cumplimiento en especie o equivalente. Esa posibilidad está abierta al acreedor de una obligación nacida de un contrato sinalagmático, como a cualquier acreedor. Pero el acreedor de una obligación nacida de un contrato sinalagmático tiene otra posibilidad: posee una acción que no se le concede a los demás acreedores. El lugar de reclamar el cumplimiento, tiene derecho a pedirle a los tribunales que pronuncien la resolución; es decir, el aniquilamiento retroactivo del contrato. El vendedor que no puede hacer que se le pague el precio, puede demandar la resolución de la venta, en vez de reclamar el pago de la suma convenida y entregar la cosa; y la recuperará si ya la hubiera entregado. Por lo tanto queda liberado de su propia obligación, que desaparece: la resolución judicial del contrato sinalagmático lleva consigo extinción de las obligaciones nacidas del contrato.

- Esa opción se le concede al acreedor por el artículo 1184 párrafos 2º, del Código civil: “la parte a la cual no se haya cumplido la obligación puede elegir entre compeler a la otra al cumplimiento de la convención, cuando ello sea posible, o demandar su resolución, con abono de daños y perjuicios”.

- La resolución presenta ventajas para el acreedor. Al dispensarle de cumplimiento o al  permitirle recuperar su prestación sin sufrir el concurso de otros acreedores de la otra parte contratante, crea a su favor un verdadero privilegio (o preferencia crediticia). Si hubiera tenido que contentarse con exigir, el cumplimiento, no habría podido obtener un pago integral; porque habría estado sujeto a tener que concurrí con lo demás acreedores de su deudor insolvente, y habría sido compelido a cumplir enteramente con su propia obligación. Gracias a la resolución, se retira indemne.

Constitución en mora.

¿Puede demandar el acreedor la resolución antes de haber constituido al deudor en mora de cumplimiento de su obligación? Por ser la acción resolutoria una acción de responsabilidad contractual, es suficiente con remitidas a las reglas que han sido trazadas al estudiar tal acción.

La  Teoría del Riesgo.

- En un contrato sinalagmático, cuando una de las partes está impedida de cumplir por la fuerza mayor, ¿sigue estando sujeto, o no, la otra parte por su propia obligación? La teoría de les corresponde a este interrogante.

EL PRINCIPIO “RES PERIT DEBITORI“.

- En principio, el riesgo lo soporta el deudor impedida de cumplir por algún caso de fuerza mayor: RES PERIT DEBITORI (a cosas en ese para el deudor), queda liberado el otro contratante del deudor impedido así. Esa atribución del riesgo se funda sobre la voluntad presunta de las partes.

- La obligación de que haya contratado con el deudor impedido de cumplir por la fuerza mayor se distingue de pleno derecho, sin que sea necesario hacer que intervengan los tribunales.

- La teoría del riesgo se aplica a los contratos sinalagmáticos perfectos e imperfectos. El incumplimiento debe resultar de la fuerza mayor. No se necesita que el incumplimiento sea total o que recaiga sobre una obligación principal; debe ser tal que, de haberlo previsto, el acreedor no habría contratado. Por una convención, las partes pueden modificar una carga del riesgo.

- El incumplimiento del obligación por una de las partes debido a la fuerza mayor, lleva consigo, retroactivamente, la desaparición del contrato.

La excepción “RES PERIT DOMINO”.

- En los contratos sinalagmáticos implican transmisión de propiedad, por ejemplo la compraventa, artículo 1138 del código civil hace que pose sobre el adquiriente la carga del riesgo, cuando el se convierte el propietario de la cosa: res  perit domino (la cosa perece para el dueño). La regla no se aplica, pues, más que cuando el contrato haya transmitido la propiedad. En principio, se transmite sólo consensu, desde el instante del contrato. Pero las partes pueden decidir sobre ello de manera distinta; por otro lado, cuando la cosa vendida sea una cosa genérica, la propiedad de la misma no se transmite sino desde el momento de su individualización. En estos dos casos, el riesgo corresponde a enajenante hasta la transmisión de la propiedad.

- La el artículo 1138 del Código civil que la excluida estuviera en mora de entregar la cosa en el momento en que la misma perezca.

- En los contratos que lleva consigo transmisión de la propiedad bajo condición suspensiva, el riesgo corre por cuenta del vendedor, que sigue siendo propietario hasta el cumplimiento de la condición. Por el contrario, el riesgo es para el comprado, propietario desde la conclusión de la condición resolutoria. Se excluye en esta esfera la retroactividad de la condición

La excepción “non  adimpleti contractus.

- En un contrato sinalagmático una de las partes debe negarse a cumplir con su obligación mientras que la otra parte no ofrezca cumplir con la suya. La excepción “non  adimpleti contractus“, o de ”toma y daca”, o de cumplimiento “al pie de la letra”, se funda como la teoría de riesgo, sobre la voluntad presunta de las partes.

- La esfera de la excepción ”non  adimpleti contractus” es la misma que la de la resolución judicial o la de riesgo: la excepción se aplica a los contratos sinalagmáticos perfectos o imperfectos.

- El término opone un obstáculo a la excepción “non  adimpleti contractus” sin estar obligado a acudir ante los tribunales.

- El término opone un obstáculo a la excepción “non  adimpleti contractus” sin estar obligado a acudir ante los tribunales.

La excepción “non  adimpleti contractus” y el derecho de retención.

- Suele confundirse la recesión non  adimpleti contractus y el derecho de retención, que es el derecho de un acreedor para negarse a devolver la cosa perteneciente a su deudor, mientras que este no haya pagado. Esa confusión debe ser evitada. El derecho de retención no es particular de la materia de los contratos sin sinalagmáticos, ni siquiera de los contratos; y no puede ser ejercido más que si el acreedor tiene la posición de la cosa. Por otra parte, mientras que la excepción non  adimpleti contractus es libremente al contrato, forma parte integrante de las obligaciones a la que da nacimiento ese contrato, el derecho de retención es un beneficio concedido por la ley a un acreedor que pose una cosa de su deudor.

- Así pues la excepción podrá aplicarse cuando el derecho de retención se encuentre paralizado. Así, cuando el acreedor no posea la cosa. Igualmente, cuando el derecho de retención está descartado por una razón de orden público; por ejemplo, según el uso de numerosos colegios de abogados el abogado al que no se le hayan abonado sus honorarios tiene derecho para negarse a alegrar si, pero no para retener los antecedente del pleito. Sus

Efectos de la extinción  “non  adimpleti contractus”.

Protección del contratante.

- Por la excepción non  adimpleti contractus, el contratante adopta una posición de espera que le permitirá, según los acontecimientos, tomar un partido definitivo. Sin duda suele suceder que, ante la demanda de otro contratante, el acreedor se limita a oponer la excepción, y las cosas quedan en el estado en que estaban, con lo cual la excepción origina entonces, indirectamente, la extinción de las obligaciones; pero el efecto normal de la recesión “non  adimpleti contractus” crea una situación de privilegio crediticio a favor del acreedor que se beneficia de la misma. Por otra parte, fuera de toda insolvencia del deudor,  la excepción es un medio de presión eficaz, sobre el deudor: el vendedor, a fin de obtener el precio, se decidirá a entregar la cosa vendida; desde este punto de vista, excepción non  adimpleti contractus constituye un procedimiento indirecto de cumplimiento.

La confusión se produce sea cual sea la naturaleza de la obligación.

- Se discute la cuestión de determinar si la confusión extingue la obligación o si constituye tan sólo un obstáculo para su cumplimiento. En todo caso, lleva consigo la desaparición de las garantías.

Confusión de derecho.

Definición.

- Por ser la obligación un vínculo de derecho entre dos personas, el acreedor y el deudor cuando se encuentran reunidas en la misma persona la cualidades de acreedor y deudor de una misma obligación, se produce una confusión de derecho que extingue la obligación por un error evidente, el artículo 1300 del Código civil francés expresa que la confusión extingue “los dos créditos”; en realidad no existe sino un solo crédito, una sola obligación.

-  La confusión se suele producir por el hecho de una transmisión sucesoria: el de cujus era acreedor o deudor de su heredero; este, luego de la muerte que aquel, reúne en su persona las dos cualidades de acreedor y de deudor.

- Se dice que existe confusión de derecho cuando se encuentran reunidas en la misma persona las cualidades de acreedor y deudor.

Requisitos de la confusión de derecho.

- La confusión supone que los derechos del acreedor y de deudor se han confundido realmente.

Ahora bien, el patrimonio del difunto permanece en ocasiones separado del perteneciente al heredero. Sucede así cuando el heredero ha aceptado la sucesión a beneficio de inventario; igualmente cuando el acreedor del de cujus se vale de la “separación de los patrimonios”.

- No existe entonces confusión en cuanto a la deuda o crédito del difunto con respecto al heredero.

- La confusión de derecho no se produce, o al menos no es oponible a terceros, si el acreedor podía disponer aún de su crédito en el momento en que se haya producido la reunión de los patrimonios. No sólo, no puede haber confusión, como es evidente cuando el acreedor haya cedido su crédito con anterioridad a esa reunión el cesionario conservará el derecho de exigir el pago, sino que un embargo crediticio, por impedir la disponibilidad de crédito en manos del acreedor, se opone a la confusión.

La prescripción extintiva.

Definición.

- El acreedor que deja transcurrido cierto plazo sin demandar, pierde su acción. La acción se extingue por la prescripción extintiva o liberatoria.

- Los redactores articulo 1134 de Código civil francés se citan la prescripción entre los modos de extinción de las obligaciones; pero han remitido el examen de la misma al último título del Código (Título XX del libro  III; artículos 2219 a 2281), en la cual tratan, al mismo tiempo de la prescripción adquisitiva o usucapión. Sin embargo hubiera sido preferible estudiar separadamente las dos prescripciones.

- En verdad, una y otra tienen por efecto consolidar una situación adquirida por el transcurso del tiempo; pero mientras que la prescripción adquisitiva lleva a que una persona adquiera un derecho que pierde otra distinta, transmite un derecho por ejemplo el derecho de propiedad de una persona a otra; la prescripción extintiva extingue pura y simplemente un derecho las dos prescripciones difieren igualmente en cuanto a su ámbito: la prescripción extintiva extingue, en principio, todas las acciones personales o reales (art. 2 262 del Código civil) por, salvo las Referentes a los Derechos de las Personalidad y al Derecho de Propiedad; mientras que la prescripción adquisitiva no concierne sino a los derechos reales, especialmente al derecho de propiedad.

Fundamento de la prescripción.

- El legislador, al privarle al acreedor de su acción luego de cierto plazo, obedece a dos preocupaciones. Unas veces quiere proteger el orden público; en otras, ve en el transcurso de un plazo un modo de pruebas del pago. Según que predomine una u otra preocupación, la prescripción reviste una fisonomía diferente.

El orden público.

- “De todas las instituciones del derecho civil, la prescripción es la más necesaria para el orden social”, decía      Bigot de de Preameneu al presentar ante el Cuerpo legislativo el proyecto de título relativo a la prescripción.

- El orden público está interesado en la desaparición de las obligaciones luego de una prolongada inacción del acreedor. En el estilo vigoroso que lo caracteriza, el gran civilista belga LAURENT escribía: “¡Representaos un instante el estado de una sociedad en la que pudieran alegarse derecho que dataran de 10.000 años!… Una incertidumbre permanente y universal tendría como consecuencia una perturbación general e incesante”. ¿Qué podrían hacer los descendientes de un deudor a los cuales se les reclamara el pago de una obligación contraída en el reinado Enrique  IV? ¿Cómo sabrían si se había efectuado ya el pago? ¿Y cómo lo probarían? ¿Cabe comprender a los deudores a conservar indefinitivamente los recibos o cartas del pago del acreedor? La prescripción aparece, pues ante todo como una institución destinada a introducir la seguridad en las relaciones jurídicas “ne… prope inmortali timori teneantur”. ”Si fuera de otro modo…. No le quedaría al legislador ninguno medio de prevenir o terminar los pleitos; todo sería incertidumbre y confusión”.

Requisitos de la prescripción.

La prescripción rige para todas las obligaciones.

- El principio de las acciones relativas a los derechos de la persona reconocimiento de estado civil, acción de nulidad de matrimonio son imprescriptible, como son los derechos de la personalidad. Se emite igualmente que la acción reivindicatoria, que sanciona el derecho de propiedad, no puede extinguirse por prescripción.

- En el ámbito de las obligaciones, la prescripción extingue todas las acciones, sin excepción, ya sea que sancionen obligaciones contractuales o extracontractuales. Sólo ha habido discusión en cuanto a la acción de nulidad absoluta; pero la jurisprudencia se ha pronunciado a favor de la prescripción de esta acción.

El transcurso de un plazo.

- Para que desaparezca una s acción por prescripción, se precisa que transcurre cierto plazo sin que el acreedor haya ejercido esta acción.

¿Cuál es la duración de ese plazo?

¿Cómo hay que calcularlo

Duración del plazo.

La prescripción de derecho común.

- Según los términos del artículo 2262 del Código civil, la prescripción más larga es de 30 años. Los redactores del Código civil suprimieron algunas precisiones larguísimas que conocieron el derecho del bajo imperio y el antiguo derecho francés. La prescripción de 30 años (treintañal) es la prescripción de derecho común; se aplica – disposición en contrario que sigue un plazo más corto. En la hora actual con la facilidad de las relaciones, ese lapso aparece como exageradamente largo; los Códigos recientes tienen tendencia a cortarlo; el Proyecto de Código franco italiano reduce a 20 años la prescripción de derecho común.

Excepciones.

- El legislador introduce numerosas excepciones a la prescripción treintañal, por razones diversas:

Primero. Prescripción a los diez años:

- “Las obligaciones nacidas entre comerciantes, con ocasión de su comercio, prescriben a los diez años, sino están sometidas a prescripción especiales más cortas” (artículo 189 bis, del Código Comercio.

- Prescriben igualmente a los diez años:

La responsabilidad contra los arquitectos y los empresarios;

- La acción de responsabilidad civil fundada sobre un crimen;

- Duración de nulidad relativa (esta prescripción que no concierne especialmente a la extinción de las obligaciones, ha sido ya examinadas por el código francés.

Segundo.Prescripción a los cinco años:

- Son especiales del créditos periódicos: cuotas vencidas de las rentas y de las pensiones alimentarías, intereses de suma de dinero, alquileres y, más generalmente, “todo lo que es pagaderos por años o en términos periódicos más cortos”

Tercero. La prescripción más corta:

- Se funda algunas veces sobre un motivo de orden público, y otras veces sobre una presunción de liberación.

- Se fundan sobre un motivo de orden público además de la caducidad, designar de los créditos contra el Estado y la colectividades públicas, que no es una prescripción extintiva, sino un plazo perentorio la petición a los tres años de la acción de responsabilidad civil nacida de un delito penal, la prescripción a los tres años de la acción de responsabilidad contra los maestros o contra el Estado que los constituyes, la prescripción a los dos años de la ocasión de reparación de un accidente del trabajo y de acción para el pago de los gastos médicos y farmacéuticos como consecuencia de tal accidente, la prescripción para la acción de responsabilidad civil contra el transportista aéreo, también las acciones de responsabilidad civil en materia de seguros terrestres, de la responsabilidad civil nacida de una contravención.

- Las prescripciones cuyo plazo varía 6 meses a dos años, denominada “recreación breves” “stricto sensu”, se basan esencialmente sobre la idea de presunción de pago. Se trata de créditos que usual abundar con gran rapidez. Así los créditos de salarios (seis meses), los de los dueños de pensión (un año), los de los suministros para la vida corriente (dos años).

Calculó del plazo.

Modo de calculó.

- El plazo se calcula por días y no por horas. El dies a quo (día en que comienza el plazo), no se cuenta. El último día del plazo, dies a quem, debe transcurrir enteramente para que haya expirado el plazo.

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